jueves, 6 de septiembre de 2012

Alcalde Nebot denunció el miércoles 5 de septiembre, casos de mala administración de la justicia


El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en el enlace radial del miércoles 5 de septiembre que se desarrolló desde las 07h00 hasta las 07h30, en las instalaciones de radio Cristal, denunció casos de malos administradores de la justicia quienes han dictado providencias para favorecer a la delincuencia y espera que el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Provincial de Justicia del Guayas actúen de oficio sancionando a los involucrados en estos hechos.

Así, Nebot con documentos en mano, dijo “aquí hay providencias, nombres… Esto es inmoralidad… Hay que derogar este tipo de leyes. De qué seguridad hablamos si hay este tipo de leyes… lo único que se demuestra es que al delincuente se lo premia y al ciudadano honesto, se lo castiga”.

El funcionario municipal demostró durante su intervención solo cuatro casos donde se pretende vulnerar los derechos y competencias del Municipio de Guayaquil aplicando las leyes prodelictivas y de inseguridad, que lo único que hacen es favorecer a los delincuentes que cometen cuatro tipos de delitos: asesinato, robo agravado, violación y secuestro.  

Caso del Juez X de lo Penal
El primer personero comenzó denunciando públicamente que el Municipio de Guayaquil lleva a cabo una campaña contra quienes roban bienes públicos municipales para sancionarlos con el rigor de la ley porque están cometiendo delito contra los bienes de la ciudad.

Así, mostró el caso del juez Décimo de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, Edgar Macías Guerra, que mediante providencia emitida el 27 de agosto del 2012 y frente a la acusación de un fiscal en contra de Luis Gregorio Merchán que tenía en su poder un tacho de basura metálico de propiedad de la corporación edilicia, se aparta del criterio del fiscal y le quita la prisión preventiva, es decir lo pone en libertad al delincuente y le cambia las medidas por no salir del país y presentarse cada quince días en el Juzgado.

“Esto es una sinvergüencería que no tiene nombre. Si esto hacen con respecto a los bienes de la ciudad que son los bienes del pueblo que trafalacias harán cuando se trata de asuntos de carácter particular. No debería haber esta medida sustitutiva de la prisión preventiva, al menos en estos delitos de los que estamos hablando: asesinato, secuestro, delitos sexuales, violaciones y robo. Sin embargo, el Código Penal nuevo más allá de permitir esta monstruosidad”, manifestó.

“Imagínese la burla, un ladrón apresado, acusado por el fiscal y el juez dice no coincido con el criterio del fiscal, levanto la prisión preventiva. Vaya y siga robando en la calle y simplemente usted no puede salir del país y tiene que visitarme cada quince días… Por eso es que en cada caso, el delincuente ha tenido cinco, diez, quince salidas de la prisión e igual número de libertades y sigue delinquiendo y sigue entrando y saliendo de la cárcel con pasmosa velocidad para seguir asesinando, robando, violando y secuestrando”, subrayó.

Caso del Fiscal
Sobre otro caso de sustracción de bienes municipales, el acusado Luis Alfonso Gusqui Quiroz confesó haber robado una tapa de hierro de alcantarilla en la Abv. Barcelona y le pide al fiscal César Ponce Granizo que aplique el Art. 37 innumerado 2 del Código de Procedimiento Penal que dice: “salvo excepciones, ‘como yo confieso aplíqueme este artículo y cambíeme la pena y cambíeme la prisión preventiva por una suspensión –o sea se congela el proceso- y mándeme a capacitar, mándeme a recibir tratamiento psicológico y quizás a reparar económicamente o con trabajo el daño cometido´”.

El alcalde Nebot -sorprendido por el alegato del procesado- afirmó que “aquí todos los días se aprende algo. El señor confiesa haber robado el bien municipal y como confiesa pide que se aplique ese artículo y se acaba el tema. Con este tipo de leyes prodelictivas en vez de sancionar a los delincuentes, lo que hace es castigar al ciudadano honesto”.

“Ahora declararse culpable significa que se suspende el proceso. Ya mismo quiere que lo condecoren por el hecho de declararse culpable… Y el otro: discrepo con el fiscal: vaya a seguir robando y visíteme cada quince días… En virtud de su declaración el juez lo pone libre… En los países y en las comunidades normales recibiría una sanción… Aquí Ripley si viniera sería un personaje sin importancia porque aquí hay cosas para decidir que a Ripley no se le hubieran ocurrido que fueran a suceder”, mencionó.

Local de Zeta Llantas funciona en terreno municipal
Respecto al predio donde funcional el local de Zeta Llantas, ubicado en las avenidas Carlos Luis Plaza Dañín y Las Américas, donde la Comisaría Primera del Municipio de Guayaquil basado en el expediente 2012-8546 actuó en la recuperación del terreno el viernes 24 de agosto, Nebot dijo que “el terreno es municipal y seguirá siendo municipal”.
 
El funcionario indicó que no hay ningún conflicto porque el terreno es municipal y aseguró que “tengo en mi poder las cartas donde él dice (dueño del local de Zeta Llantas, Héctor Oswaldo Betancourt Guerrero) que quiere comprarlo. Y usted no quiere comprar lo que no es suyo, no es cierto. Usted quiere comprar lo que es ajeno”.

En este caso, comentó irónicamente que “en base a estos jueces que actúan tan apegados a la justicia, el señor (Betancourt Guerrero) logró anular un contrato de comodato que el Municipio de Guayaquil, que es dueño del terreno, había entregado a la escuela fiscal Gabriela Mistral para que estudien los niños porque si yo tengo que entregar en comodato un terreno y lo puedo hacer como Alcalde. Entre un señor que venda llantas y unos niños que no tienen donde estudiar, tengo que escoger a los niños que no tienen donde estudiar”.

Aseguró que “el señor (Betancourt) logró que se anule el comodato a través de estos jueces, lo que no pudo lograr es que la propiedad deje de ser municipal y como la propiedad es municipal y es un ACM (Área Comunal Municipal) que, de acuerdo con el nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), no puede ser donado -en este caso- ni a los niños ni al señor que vende llantas”.
   
De tal modo, “que el señor (Betancourt) no tiene definitivamente cómo obtener una tasa de habilitación ni cómo permanecer legalmente en el sitio. Y puede haber una presión de todos los jueces que actúen al margen de la ley. Yo no voy a ceder en este caso porque el terreno es municipal y aún después de la sinvergüencería de determinados jueces, sigue siendo municipal y aunque no puede beneficiar a los niños tampoco va a beneficiar al señor de Zeta Llantas. Entonces se quedará como propiedad municipal para los fines que la ley indica que no son, ni el uno ni el otro, eso es todo”, afirmó.

Cabe indicar que mediante providencia con fecha 31 de julio del 2012, el juez Noveno de lo Civil del Guayas, Carlos Alvarado Chávez, declaró sin lugar la demanda en contra del Municipio de Guayaquil donde se deja sin efecto la resolución emitida por la Municipalidad de Guayaquil el 11 de septiembre del 208 que resolvió por unanimidad donar al Ministerio de Educación los solares correspondientes a la escuela fiscal Gabriela Mistral y terreno de la zona comunal, ambos lotes de la Cooperativa de Vivienda Albatros, disponiendo que queda insubsistente y sin valor legal la referida resolución municipal.

Por tanto, la misma providencia dispone que se oficie al Registrador de la Propiedad del cantón Guayaquil para que anule la inscripción de la escritura pública que contiene la resolución del Municipio de Guayaquil y se actualice al catastro. Lo que hace que el terreno siga en dominio de la corporación edilicia.

Betancourt con fecha 24 de agosto del 2012 presentó una acción de medidas cautelares que recayó en el Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil del Guayas y mediante providencia se pidió que se deje sin efecto las acciones judiciales interpuestas por el Cabildo porteño. Con fecha 27 de agosto del 2012, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil solicitó que se revoque en forma inmediata esa providencia, pues no existe desacato ni violación a los derechos individuales del recurrente porque las atribuciones de la corporación edilicia con respecto al terreno son legítimas y legales.

Demanda de la Metrovía no impedirá brindar servicio 
 Acerca del Recurso de Acción de Protección que interpusieron el 9 de mayo del 2012 los representantes del consorcio “Buen Vivir” contra los directivos de la Fundación Metrovía de la Municipalidad de Guayaquil por no estar de acuerdo con la resolución expedida el 3 de abril del 2012 por el Comité para el Otorgamiento de Derechos de Operación de la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil mediante la cual adjudicó los derechos de operación del sistema de transporte público Troncal 25 de Julio-Río Daule al consorcio MetroExpress, Nebot enfatizó que está esperando “la sentencia de este juez con mucha atención”.

Advirtió “que solo faltaría que alguien aquí, algún juez, quiera impedir y -Dios no quiera- que aunque venga la sentencia, siendo eso no la voy a ejecutar esa sentencia, no la voy a acatar porque me resistiré de acuerdo con la Constitución. Están violando y estarían violando fundamentales derechos y competencias del Municipio de Guayaquil. De acuerdo con la Constitución cuando pasa eso, uno puede resistir, es decir no aceptar la sentencia”.

“Espero que no se dé, pero si se da. Ya anuncio el procedimiento de una vez, pero que quieren que la gente siga andando en buses chatarras, en buses viejos, que no exista la nueva Metrovía. Que los buses, que los propios transportistas como ellos, los organizados, los que creen el país, los que han invertido, los que han sacado el crédito porque ya los están trayendo de Brasil, ya vienen por tierra. Los primeros empiezan a llegar en unos pocos días. Esos buses no rueden”, indicó.

“Este es un país donde los pájaros disparan a las escopetas, pero yo diría a las escopetas que se dejan disparar. Aquí habrá modernidad, mejor transporte. Va a haber Metrovía, se ampliará la Metrovía , la gente tiene derecho a buses nuevos, a buses rápidos, donde los niños y jóvenes estudiantes, tercera edad y discapacitados paguen 12 centavos; todo el mundo derecho a la transferencia para no pagar ni dos ni tres pasajes. Eso no lo impedirá un señor porque le da la gana de impedirlo. Ni un juez porque le da la gana de hacerle caso a este señor. Así que si la sentencia sale en contra igual hay Metrovía”, inquirió.

El juez (e) Decimotercero de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Marco Oramas Salcedo, realizó el viernes 24 de agosto la diligencia y determinó “aperturar el término probatorio por 8 días a partir de la presente diligencia y dar el plazo de 72 horas a las partes para que ratifiquen sus intervenciones” para posteriormente dictar la sentencia, la que aún no se resuelve.



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