martes, 25 de septiembre de 2012

Municipio de Guayaquil en audiencia de estrados el lunes 24 de septiembre por caso Monumento a León Febres-Cordero


Representantes del Municipio de Guayaquil acudieron el lunes 24 de septiembre a la Corte Provincial de Justicia del Guayas a una audiencia de estrados con la finalidad de argumentar jurídicamente la defensa del recurso de Acción de Protección No. 152-2012 que interpusieron Juan Ávila Aspiazu y Juan Guamán Gutiérrez, del colectivo Diabluma, contra el Concejo Cantonal de Guayaquil por la colocación del monumento al ex presidente y ex alcalde León Febres Cordero (+) en el malecón Simón Bolívar, al pie de La Planchada de El Fortín.

La audiencia que fue solicitada por el Cabildo porteño al Tribunal de la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales fue presidida por la presidenta de la Sala, Dora Moreano Cuadrado, quien instaló la sesión a las 15h30 solo con los abogados de las partes sin la presencia de los medios de comunicación que estuvieron más de una hora y media en los exteriores de la sala de audiencias en el sexto piso de la Corte de Justicia.

Así, Moreano, quien en segunda instancia está conociendo la apelación del Municipio de Guayaquil ante la resolución expedida el 22 de febrero en una audiencia que convocó el juez suplente Octavo de Garantías Penales, Manuel Prieto, en el Cuartel Modelo de Policía, donde resolvió en primera instancia a favor del colectivo Diabluma, le dio la palabra al procurador síndico del Cabildo porteño, Miguel Hernández Terán.

Hernández argumentó que no se están violando ni amenazando derechos porque dos ciudadanos alegan que colocar el monumento en el lugar designado por el Concejo Cantonal afecta ciertos derechos constitucionales como: a la memoria histórica y social, al acceso al patrimonio cultural declarado y a la identidad individual y colectiva lo que, según ellos, haría perder la memoria histórica de Guayaquil cuando se quiere rendir homenaje a ex presidente y ex alcalde que se encargó de rescatar a la ciudad de Guayaquil.

Desproporción significativa, añadió Hernández, que debe de tener armonía y credibilidad respecto a lo que se afirma porque es una exageración y error sustancial ya que colocar su monumento a un personaje tan importante como Febres-Cordero no es otra cosa que mantener un símbolo de la identidad guayaquileña porque nadie discute la justicia en homenaje y reconocimiento al ex Presidente de la República.

Además, manifestó que el Municipio de Guayaquil en pleno ejercicio de sus competencias en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) donde estipula que debe desarrollar el patrimonio arquitectónico y cultural -como también lo establece la Constitución de la República- escogió el sitio que no es está asignado como patrimonio cultural y es solo una zona de influencia porque está a 11 metros de El Fortín de La Planchada y en el barrio Las Peñas solo la calle Numa Pompilio Llona ha sido declarada patrimonio.

Asimismo con respecto a las competencias municipales, dejó claro que es irrazonable que un municipio no pueda colocar en un espacio público un monumento porque -a decir de ellos, los accionantes- hay que cumplir con un reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural que es del año 1984 y la Ley de Patrimonio Cultural es de 1979 y se codifica en el año 2004 cuando son leyes anteriores a la Constitución y al COOTAD y de acuerdo con la jerarquía del ordenamiento jurídico no se afecta el ejercicio limpio de las competencias constitucionales y legales.

Durante el alegato, Fernández entregó al Tribunal de la Segunda Sala un plano donde se establece el lugar donde se va a instalar el monumento de León Febres- Cordero y, adicionalmente, de la calle Numa Pompilio Llona, en el Barrio Las Peñas, y de la Plaza Colón y su entorno, cuyos dos únicos lugares están bajo declaratoria de Patrimonio Cultural del año 1982 porque los cerros del Carmen y Santa Ana en la misma declaratoria son zonas de respeto e influencia.

El delegado de la Procuraduría General del Estado, José Neira, en su intervención dijo que como entidad asesora a las entidades públicas solo espera el resultado de la audiencia para someterse a esa sentencia.

Mientras que el delegado del Servicio de Aduanas del Ecuador, Andrés García Escobar, tomó la palabra para decir que la institución está dispuesta a entregar el monumento cuando se disponga porque nunca se ha opuesto a su importación, “ya sea por aire, mar o tierra”.

Al término de la audiencia, Moreano señaló que una vez escuchadas a las partes notificará durante el transcurso de esta semana la sentencia en los casilleros judiciales de los abogados patrocinadores.



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